El pasado 22 de diciembre se cumplieron 53 años del decreto por el cual se otorgó la ciudadanía a los jóvenes mexicanos al cumplir los 18 años de edad, cuando anteriormente la ciudadanía se obtenía hasta los 21 años.

Este hecho significativo fue durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, quedando el nuevo texto del artículo 34 constitucional de la siguiente manera: “Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que teniendo la calidad de mexicanos reúnan, además, los siguientes requisitos:

• Haber cumplido 18 años y
• Tener un modo honesto de vivir.

A partir de entonces también se reformó el Capítulo II del Código Civil Federal, en cuyos artículos 646 y 647 se estipuló también la nueva normativa.

• Artículo 646. La mayor edad comienza a los dieciocho años cumplidos.
• Artículo 647. El mayor de edad dispone libremente de su persona y de sus bienes.

El tema viene a colación porque algunas legisladoras y legisladores han pretendido en los últimos años otorgar “ciertos derechos” a niños y adolescentes que tienen que ver con temas de identidad de género, libertad sexual y otros asuntos correlativos que se pretenden sustentar en la andanada de “nuevos derechos progres”.

No se trata de ser mojigatos ni conservadores, sino tratar de ubicar el tema en su justa dimensión. Es decir, no tirar la red a al “ahí se va” para ver qué se pesca en el río, porque en medio de todo esto están menores de edad que requieren desarrollarse en un entorno de respeto y valores, con el propósito de construir una mejor sociedad.

Se debe reconocer que en México, por ejemplo, se han hecho intentos por terminar con la práctica de los matrimonios infantiles, pero lamentablemente los resultados no han sido realmente contundentes.

¿Por qué se insiste tanto en querer prohibir el matrimonio infantil en nuestro país? Al parecer, los argumentos son muy simples, pero también muy contundentes. El matrimonio a temprana edad, obstaculiza el ejercicio de derechos a la educación, a la salud y al desarrollo.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia sostiene que las niñas y adolescentes que contraen matrimonio antes de cumplir los 18 años corren un mayor riesgo de sufrir violencia doméstica y tienen menos probabilidades de seguir asistiendo a la escuela.

Argumentos hay muchísimos más, pero más allá de presentar un catálogo de los mismos, sería prudente preguntar a los promotores de todas esas iniciativas “progres” porqué se prohíbe en México el consumo de alcohol y tabaco a los menores de 18 años de edad.

El problema no es promover prohibiciones, sino dotar a la niñez de los conocimientos suficientes en las aulas y promover políticas públicas que ayuden a las familias a educar de mejor manera a sus hijos.

La andanada de “derechos progres” que se pretenden legislar nos está deshumanizando como sociedad.

Es muy absurdo observar recientemente a legisladoras y legisladores que intentan disminuir la mayoría de edad a los 16 años, bajo el argumento de permitirles votar en las elecciones de 2024. Ahí hay un claro tinte político que solo busca cosechar votos a diestra y siniestra, como si esos jóvenes fuesen solo mercancía.

Nuestros políticos y sus partidos no han entendido que deben luchar y promover leyes para las mayorías y no para grupos que, al no estar de acuerdo con iniciativas contrarias, privilegian la violencia y las agresiones sin que ninguna autoridades les ponga un freno, como ocurrió el pasado 21 de febrero cuando grupos de la diversidad sexual y comunidades trans buscaban entrar al recinto legislativo para encarar a la diputada América Rangel por una iniciativa que subió al pleno, contraria a sus intereses.

La polarización está dividiendo cada vez más a la sociedad y lamentablemente el gobierno en turno no tiene la menor intención de pugnar por la unidad.