Hace poco más de un mes que el Ministro Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, escribió el siguiente tuit, mismo que generó (y seguirá generando), mucha controversia, sobre todo por el fondo del mensaje:

“Y mientras siguen matando mujeres con saña, pregunto: ¿ya es tiempo para que todos y todas discutamos soluciones y las pongamos en práctica, o seguirán siendo prioridad las grillas baratas, los egos y las fobias? ¿Qué estamos esperando? ¡Los feminicidios deben revertirse ya!”.

Lo que podría parecer un reclamo justo y sensato de un personaje clave en la materia, resultó en una marcada crítica hacia él porque el grave caos en el que se encuentra el sistema judicial mexicano (desde hace muchos años, hay que aclarar), el cual no se reduce exclusivamente a la alta tasa de feminicidios (y también homicidios, habrá que aclarar).

En efecto, la forma en que los ministerios públicos arman las carpetas de investigación sobre crímenes y delitos son el primer eslabón de una larga cadena de inconsistencias judiciales, donde los expedientes se acumulan día a día y se contaminan de cualquier pretexto para dar largas a las indagatorias o, en el peor de los casos, “conminar” a los denunciantes o víctimas a desistir porque el proceso será largo, tedioso y costoso.

En los juzgados, las complicaciones corren con el mismo tamiz, pues una vez más las carpetas pasan por filtros de marcadas fragilidades que retrasan por tiempo indefinido las resoluciones y sentencias.

Es un hecho que la procuración y administración de la justicia en México padece un cáncer muy difícil de atender, atacar y extirpar, de ahí los gravísimas índices de carpetas de investigación acumuladas y archivadas, indagatorias mal armadas y sustentadas, y un sistema judicial que huele a corrupción y dilación.

Pese al tuit en cuestión, a principios de julio pasado el mismo Ministro presentó en el Senado de la República un proyecto de iniciativa para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio, luego de las alarmantes cifras que registra la violencia hacia las mujeres.

Y es que los números no son nada halagadores, pues en el país son asesinadas en promedio entre 10 y 12 mujeres al día, ya sea por feminicidios u homicidios dolosos, según reporta la propia Secretaría de Gobernación. De ahí que la propuesta del presidente de la Corte indica que ninguna persona procesada por feminicidio podrá beneficiarse de inmunidad o indultos.

En agosto pasado, la ministra Margarita Ríos Farjat dijo que es inadmisible que el número de feminicidios haya aumentado de manera tan exponencial, por lo que invitó a aplicar un protocolo con perspectiva de género, ya que la violencia feminicida en México es indignante, vergonzosa e inadmisible en un Estado de derecho.

Al margen de las cifras, que no son cualquier cosa, se debe recordar la forma y fondo con la que las fiscalías se enfrentaron a su triste realidad investigadora, al dar palos de ciego en los casos de Debanhi Escobar, Yolanda Martínez y Luz Raquel, ya que terriblemente la opinión pública fue testigo fiel de la serie de tropiezos que dieron, una y otra vez, en las indagatorias, pues se configuraron desde accidentes hasta supuestos suicidios.

Las versiones inverosímiles de las autoridades sobre estos feminicidios fueron tan pero tan burdas, que ni ellos mismos pensaron en las consecuencias que les acarrearían.

Quizá el caso más evidente fue el de la joven Debanhi, que a no ser por la tozudez de su padre, el carpetazo se habría dado con el dictamen de que habría muerto por un accidente. Tres autopsias después, el crimen tomaría otro destino que a la fecha sigue sin descifrar al o a los autores, tirando por la borda todas las sesudas líneas de investigación realizadas por los profesionales de la Fiscalía de Nuevo León.

El caso de Luz Raquel, en Jalisco, también generó la indignación social cuando la Fiscalía del estado “sugirió” que la joven se había prácticamente inmolado. A tal grado llegó la insensatez, que el mismo gobernador Enrique Alfaro se tiró al precipicio cuando pretendió defender lo indefendible y calificó de “vividores” a los que no creían en la investigación profesional del personal de la Fiscalía.

Estos casos son una mínima muestra de lo que sucede a diario en las Fiscalías de los 32 estados de la República y que se trasmite a los juzgadores, que luego dan al traste con otorgar prisión o dejar en libertad a diestra y siniestra, como niños en posada, dando palos a ciegas.

Más allá de querer justificar el quehacer del cargo, en este caso del ministro Zaldívar, el mérito sería que los tres Poderes de la Unión se pusieran a trabajar en serio en cambios realmente sustanciales y efectivos, que den al traste con la podredumbre que impera en las agencias de los ministerios públicos y en los juzgados y sedes del Poder Judicial.

En los MP el trato hacia las víctimas de cualquier delito es más que indignante; en las cárceles hay cientos de reos sin sentencia, mientras que en las calles caminan con absoluta libertad los autores de crímenes y fechorías.

La procuración y administración de justicia está podrida desde hace muchos años y su avalancha arrastra más y más vicios a diario. ¡Así el México de la impunidad!