Del Plan A, al Plan B y a la espera del Plan C… Así ha sido y seguirá siendo el tortuoso camino de una reforma electoral que se pensó sería de gran calado, pero que al paso del tiempo se ha topado no solo con pared, sino con un enorme iceberg que no desea se ponga en riesgo la solidez democrática y ciudadana de una institución electoral que, en los últimos 25 años ha dado garantía a los procesos federales, estatales e intermedios en los que ha fungido como árbitro.

Sabedores de que la reforma constitucional fracasaría en su primer intento por la falta de votos, surgió entonces el llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador para modificar sustancialmente la propuesta, a través de un paquete de leyes secundarias.

Si en el primer intento de querer liquidar al INE no hubo éxito, entonces ahora habría que buscar la forma de debilitarlo en su estructura, mediante diversas modificaciones a seis legislaciones.

Lo que en un principio supuso sería un camino terso en el que solo se requería del voto mayoritario en ambas cámaras del Congreso, se convirtió en un verdadero pantano que puso al descubierto graves faltas al debido proceso legislativo.

Con las prisas encima y la consigna de no quedar mal con el promotor de las reformas, los diputados de Morena y sus partidos aliados (PT y Verde) incurrieron en un desaseo en el cual ni siquiera fue leído ni discutido el dictamen.

En cuestión de horas prosperó el mayoriteo, pasando por alto la discusión democrática del dictamen, tal y como lo como ordena la Constitución.

El documento llegó al Senado, donde ya se vislumbraban obstáculos, incluidos los amagos del propio coordinador de los morenistas, Ricardo Monreal, lo que motivó a que se eliminara la mañosa cláusula para proteger a los partidos pequeños (vulgo “remoras”, como los llamó el presidente), de no perder su registro por no alcanzar el tope mínimo del 3 por ciento de votos.

Eliminado el precepto protector, nuevamente la mayoría del Senado avaló el texto y lo devolvió a la Cámara de origen, donde nuevamente se incorporó el tema de la discordia.

Con el propósito de poner orden al costal de inconsistencias, se hizo necesaria la intervención nuevamente del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Y es que a todas luces era tan evidente la inconstitucionalidad de la llamada “cláusula de vida eterna” -propuesta de manera insistente por el PVEM, a través de su coordinador Carlos Puente-, que en la mañanera del jueves 15 de diciembre (último día del periodo ordinario de sesiones), el mismo López Obrador amagó con vetar el Plan B, por no estar de acuerdo con la “simulación e hipocresía”).

La sesión tuvo un prologando receso de casi seis horas, tiempo durante el cual fueron llamados a cuentas los coordinadores de Morena, Verde y PT ante el secretario de Gobernación, porque ya parecía hasta insultante la necedad de quererse proteger a costa del intercambio de votos.

Eso y la cerrazón para no discutir los dictámenes en lo particular, fueron la cereza del pastel que colmó de irregularidades la sesión.

Ya no hubo más prebendas y fue entonces que el coordinador del Verde, haciéndose pasar como héroe, subió a tribuna para decirle a la oposición, en forma por demás retadora y altanera, que su partido no necesitaba de “votos extras” para mantener su registro. “Eso es lo que querían, pues ahí lo tienen, luego no se arrepientan”, amenazó desde la máxima tribuna.

Acto seguido, el mayoriteo volvió a resurgir para darle salida al Plan B, aunque con muchas dudas entre los diputados, pues algunos de ellos no sabían realmente cuál era el siguiente trámite legislativo de lo aprobado esa noche.

En respuesta, el presidente de la Cámara, Santiago Creel, solo alcanzó a señalar que era lo que habían aprobado ahí y que se pasaría al Senado de la República.

Lo que en realidad quiso decir (y no dijo) el legislador panista fue que solo se habían aprobado los paquetes legislativos de reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Hasta febrero se sabrá la resolución del Senado a las modificaciones reformas, adiciones y derogaciones normativas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial y la expedición de una nueva Ley General de los Medios Electorales de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De aprobar los cambios, se prevé entonces una andanada de acciones de inconstitucionalidad a cargo de legisladores y partidos de oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como parte de lo que ahora ya se llama Plan C y que ya preparan desde sus respectivas trincheras las huestes de Morena, por un lado, y de la oposición, por el otro.

La moneda de este paquete de reformas aún está en el aire y habrá que esperar mes y medio para comenzar a saber cuál puede ser su posible desenlace.