Erradicar o reducir al menos los elevados índices y costos de la corrupción en México sigue siendo, sin duda, una asignatura pendiente para los tres niveles de gobierno. Lamentablemente no se visualizan expectativas claras de que ese enorme problema deje de ser un Talón de Aquiles para el desarrollo económico, político y social de nuestro país.
El INEGI acaba de dar a conocer que los mexicanos pagamos en sobornos casi 9 mil 500 millones de pesos durante el año pasado.
No solo eso, sino que el 86.3 por ciento de la población considera que los actos de corrupción en las instituciones de gobierno “se realizan de manera frecuente”, prácticamente el mismo porcentaje de la encuesta levantada en 2019, cuando fue de 87 por ciento.
El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, de 2021, revela que México mantuvo una calificación de 31 puntos, en una escala de cero a 100, donde 100 sería la mejor calificación posible.
Con esa calificación, nuestro país se ubica en la posición 124 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional.
No solo eso, México sigue siendo el país peor evaluado en términos de corrupción de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mientras que en el G-20 ocupa la posición 18 de 19 países evaluados.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), del INEGI, advierte que el contacto con autoridades de seguridad pública fue el trámite con mayor porcentaje de experiencias de corrupción en 2021, con 65%.
Le siguen los trámites ante el Ministerio Público, con 24%; permisos relacionados con la propiedad, con 22.3%; en cuarto sitio se ubicaron los trámites para abrir una empresa, con 21.9%, el cual tuvo un incremento considerado con el dato anterior (7.6%) y en quinto lugar los trámites en juzgados y tribunales, con 20.9%.
El combate a la corrupción fue una de las principales insignias de la campaña política del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante, al paso de tres años y medio de gobierno, el panorama sigue siendo el mismo: pago de prebendas para facilitar trámites administrativos o engorrosos, “moches” por la adjudicación de contratos, sobre costos y falta de transparencia en las licitaciones, mala calidad de productos adquiridos por los tres órdenes de gobierno y dilación en servicios y atención al público siguen siendo la constante a diario.
El pasado 24 de mayo, el Ejecutivo Federal reconoció, una vez más a lo largo de su mandato, que la corrupción sigue siendo el principal problema de México. De esta manera, el presidente de la República reconoce también que no ha funcionado su eslogan de “barrer las escaleras de arriba hacia abajo” para acabar con este flagelo.
Lo cierto es que la corrupción no se abatirá con dichos o buenos deseos, sino con una estrategia institucional e integral que afronte con determinación los embates de la impunidad, ofrezca certeza a la inversión y a la proveeduría para que ofrezca servicios de calidad, además de garantizar la transparencia, los gobiernos abiertos y la participación social como fieles hábitos del acontecer diario y no como quimeras que a la hora de la verdad se escudan en la reserva de expedientes hasta por 20, 30 o más años.
Ya basta de tanta corrupción en México, donde la experiencia nos restriega en la cara, día a día, aquella profética y desgarradora frase del “profe” Carlos Hank González: “un político pobre es un pobre político”.
¿Es menester que sigamos viviendo en el país donde “el que no transa no avanza” y en el que la “Ley de Herodes…” es la normativa más socorrida para sacar los barcos a flote?
Ya lo dijo también otro memorable eslogan político en los ochentas y que solo se quedó en eso: “La solución somos todos”, o mejor dicho, “¿la corrupción somos todos?”…
Antonio Gutiérrez Trejo
Coordinador Editorial de Actívate
