El pasado jueves 9 de marzo, medios de comunicación dieron a conocer que el diputado Armando Contreras Castillo, de Morena, tenía lista una iniciativa para derogar la facultad de la Junta de Gobierno de la UNAM para nombrar al rector y establecer su elección por voto directo, universal, libre, secreto, personal e intransferible, a través de la comunidad universitaria.
De inmediato, la propuesta generó un caudal de reacciones, sobre todo de rechazo, debido a que la misma no solo vulneraría la autonomía de la máxima casa de estudios, sino que vislumbraba una “clara injerencia política”, de cara al proceso de renovación del rector, que tendrá lugar en los próximos meses.
La iniciativa, como tal, se visualizó de inmediato como un claro intento de incidir en la elección del próximo rector para que el nuevo perfil pueda estar asociado a los lineamientos de la llamada 4T, lo cual resultaría más grave de lo que el imaginario supone.
La iniciativa del diputado morenista no llegó propiamente a la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, por lo que oficialmente no ha sido presentada hasta el momento para su discusión en el recinto de San Lázaro, sin embargo, el riesgo sigue latente.
La propuesta buscaría quitarle la función a la Junta de Gobierno para que sea el órgano que nombre al rector. Iría, entonces, por una elección directa, de sufragio universal, libre, secreto, personal e intransferible a cargo de la comunidad universitaria.
En su argumentación, Contreras Castillo subraya que el actual procedimiento “retrata una situación incomprensiblemente cupular”, por lo que desde la Junta de Gobierno -supuestamente-, no se puede impulsar cualquier cambio político, ya que la rotación y sustitución de sus integrantes es muy reducida.
La iniciativa, sin embargo, no toma en cuenta lo que el mismo Congreso estableció en 2021 en la Ley General de Educación Superior, en el sentido de que para garantizar la autonomía de las universidades públicas en México, toda reforma vinculada a la manera de gobernarse a sí mismas, deberá contar con los resultados de una consulta previa a su comunidad.
Y es ahí, precisamente, donde radica el meollo de inconformidades de gran parte de la comunidad universitaria y de otros sectores.
De hecho, para que la iniciativa pudiera tener un mayor sustento, debería haberse ampliado, entonces, a todas las universidades públicas, incluido el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)… ¿Qué habría pasado?
Cabe resaltar que esta no es la primera vez en este sexenio que los diputados de Morena buscan que la elección del rector de la UNAM se lleve a cabo a través de elecciones abiertas, pues en 2020, el entonces diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca presentó también una propuesta similar, pero ante el cúmulo de críticas de las autoridades universitarias, la tuvo que retirar.
Desde hace 78 años y hasta ahora, la ley que rige la universidad establece que es la Junta de Gobierno la que cada cuatro años nombra a un nuevo rector. El proceso inicia en septiembre del año que corresponde, con la emisión de la convocatoria y tras el registro y análisis de aspirantes, se determinan los perfiles que cumplen los requisitos de idoneidad para luego votarlos y así elegir al nuevo rector, que asumirá el cargo en el mes de noviembre.
Más allá de afirmar que en el fondo está la posibilidad de que el gobierno quiera tomar el control político de la UNAM, sobresale el hecho de que la relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el rector Enrique Graue Wiechers no es nada tersa. Por el contrario, el mandatario ha sido muy duro en sus críticas hacia el supuesto rumbo que lleva la máxima casa de estudios, a la cual no ha dudado en calificar de “conservadora”.
Además, permanece en el ojo del huracán la mala imagen que ha causado el señalamiento de plagio de tesis por parte de la ministra Yasmín Esquivel Mossa -egresada de la Facultad de Derecho-, quien además de haber sido propuesta en la Corte por López Obrador, es esposa del empresario José María Riobóo, uno de los más beneficiados en materia de contratos de obra pública en la actual administración federal.
Es importante recalcar que el prestigio de la UNAM ha trascendido fronteras, al grado de que figura entre las 104 mejores instituciones de educación superior en el mundo, gracias a su calidad y liderazgo en todas las áreas del conocimiento, de acuerdo con el QS World University Rankings, y una de las primeras cinco en Latinoamérica. ¡Casi nada!
¿Ese será realmente el botín que se persigue alcanzar con iniciativas como la propuesta del diputado Armando Contreras Castillo?… Lo curioso es que el presidente López Obrador no ha querido meterse a defender la autonomía universitaria, ¿por qué?
Más allá de querer interferir en la UNAM, se debería buscar poner orden en la llamada Universidad Autónoma de la Ciudad de México, una institución creada en 2001 a capricho del entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y que a la fecha no ha logrado despuntar. ¡Así de claro!
