La persecución religiosa emprendida por el gobierno de Nicaragua no tiene límites y por más absurdo que parezca, escaló a grados superlativos al llevar a juicio a un obispo por considerarlo enemigo del régimen (opresor) y un verdadero peligro para la dictadura de Daniel Ortega.

¿Cuál es el pecado del clérigo?… ¡No comulgar!

En efecto, no comulgar con las ideas y políticas de un gobernante autoritario y represor que lleva cinco periodos de gobierno en Nicaragua, cuatro de ellos de forma consecutiva.

Las cobardes acciones contra los representantes de la Iglesia Católica se recrudecieron el pasado 10 de enero, cuando el obispo nicaragüense Rolando Álvarez fue enviado a juicio para responder por los presuntos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense”.

Así de “gruexo” está la censura para quienes osan criticar el gobierno autoritario de Ortega y su esposa Rosario Murillo, a través del cual se han perpetuado y llevado al país centroamericano a una mayor crisis económica, política y social.

La jueza del décimo distrito penal de audiencia de Managua, Gloria María Saavedra Corrales, remitió la causa a juicio y mantuvo el arresto domiciliario contra el jerarca de la Iglesia Católica, quien de esta manera se convierte en el primer obispo que es arrestado y acusado desde que Daniel Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007 y que se encuentra detenido desde el 19 de agosto pasado.

Y es que al ver la situación y condiciones en que Ortega tiene sumido al país, el obispo nicaragüense se hizo crítico del régimen de Daniel Ortega, por lo que fue enviado a juicio para responder por los presuntos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.

A través de una declaración, la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas del Complejo Judicial Central Managua explicó que “se llevó a cabo la audiencia inicial del proceso penal en donde compareció Rolando José Álvarez Lagos en su calidad de acusado” por los delitos de conspiración y propagación de noticias falsas.

Álvarez Lagos, de 56 años, es obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua

“La autoridad judicial revisó las medidas cautelares decretadas en la audiencia preliminar manteniendo el arresto domiciliario, asimismo, admitió el intercambio de información de pruebas y remitió la causa a juicio”, precisó la fuente.

En la misma causa se encuentra acusado por los mismos delitos el sacerdote exiliado Uriel Antonio Vallejos, y la jueza mantuvo vigente el oficio a la Interpol para su captura, según el parte judicial.

El pasado 13 de diciembre, el Ministerio Público de Nicaragua acusó al obispo Álvarez y al sacerdote Vallejos por los presuntos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas. Pero la verdad apunta a que los representantes eclesiásticos se volvieron enemigos del régimen por no adular las acciones de la pareja gobernante.

Álvarez Lagos fue sustraído la madrugada del pasado 19 de agosto por agentes policiales del palacio episcopal provincial junto con cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo, después de haber estado 15 días confinados.

La Policía de Nicaragua, a cargo de Francisco Díaz, consuegro de Daniel Ortega, acusa al alto jerarca de intentar “organizar grupos violentos”, supuestamente “con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.

En octubre pasado, Ortega arremetió contra la Iglesia católica que dirige el papa Francisco, la acusó de no practicar la democracia, de ser una “dictadura” y una “tiranía perfecta” y de haber utilizado “a sus obispos en Nicaragua para dar un golpe de Estado” a su Gobierno en el marco de las manifestaciones que estallaron en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social.

En 2022, el régimen sandinista expulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag y a 18 monjas de la orden Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta.

También ha llevado a prisión a siete sacerdotes y dos colaboradores de la diócesis de Matagalpa, además de cerrar nueve estaciones de radio católicas y sacado de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos, e impedido procesiones y romerías.

Súmate a la demanda para exigir un freno a los ataques a la Iglesia Católica de Nicaragua, ya que al hacer uso de acciones judiciales a modo, el gobierno demuestra su intolerancia a la crítica constructiva, sello fiel de las anquilosadas dictaduras.