El asesinato del médico pasante Eric Andrade, ocurrido hace unos días en el estado de Durango, es un eslabón más de la lastimosa cadena de crímenes que se cometen con toda impunidad en contra de este grupo de (casi) profesionales de la medicina, sin que las autoridades federales de Salud y Educación hagan algo para tratar, si quiera, de enfrentar el grave problema.

Erick era un joven de apenas 24 años de edad que estaba a un par de semanas de concluir su servicio social y poder titularse ya como profesional de la medicina. Estaba, pues, en la antesala de ver coronado los primeros seis años de su preparación universitaria, pues ya vendrían otros más para la especialidad.

Lamentablemente la galopante inseguridad y violencia que prevalecen en todo el territorio mexicano, acabaron con sus ilusiones, dejando en la peor de las tristezas y frustraciones a su familia y a una larga lista de amigos, colegas, docentes y sociedad civil, en general.

El repudio social por el artero crimen no ha cesado y ha obligado a autoridades estatales y federales a “medio querer” paliar la situación, pero sin convencer a nadie con lo que hasta ahora han dicho.

Martín Soriano Sariñana, rector de la Universidad Autónoma de Durango, de donde Erick estaba a punto de egresar, puso el dedo en la llaga al indicar que el 70% de los pasantes de las escuelas de medicina realiza su servicio social en comunidades alejadas y de extrema pobreza.

No solo eso, sino que uno de los temas esenciales es que no se respeta el punto de la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013 de Educación en Salud, que establece que se debe garantizar la seguridad de los pasantes de medicina y que el consultorio o la clínica de asignación debe cumplir con las condiciones de infraestructura, mobiliario, equipamiento, seguridad e insumos…

Lo anterior es, palabras más palabras menos, letra muerta en la realidad, pues en la mayoría de los casos donde los médicos pasantes ofrecen sus servicios, y que están ubicados en zonas serranas o muy alejadas de áreas urbanas, las condiciones son extremadamente adversas, aunado a que se ubican en una línea de mucha peligrosidad por las condiciones de violencia predominantes.

Lastimosamente vemos que el caso de Eric no es el único. A finales de junio del año pasado fue asesinado el médico pasante Luis Fernando Montes De Oca Armas, estudiante de la Facultad de Medicina, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, junto a un paramédico, luego de que habían trasladado a una mujer del Hospital de Huejuquilla El Alto, Jalisco, donde el pasante prestaba su servicio social, a Fresnillo, Zacatecas.

Luis Fernando y su acompañante jamás regresaron al hospital donde infructuosamente los esperaban. La ambulancia en la que viajaban, perteneciente a la Secretaría de Salud de Jalisco, fue abandonada e incendiada, mientras los dos cuerpos fueron localizados con impactos de bala en diferentes partes de sus cuerpos… La indignación también fue generalizada.

El 28 de enero de 2021, Mariana Sánchez, pasante de medicina de 24 años que hacía su servicio social en una clínica de Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, fue hallada muerta en su cuarto, víctima de asfixia por ahorcamiento.

Hacia un par de meses que la egresada de la Universidad Autónoma de Chiapas había denunciado ante la Fiscalía y la Secretaría de Salud del estado una agresión sexual por parte de integrantes de la comunidad en la que prestaba su servicio social, pero la investigación no avanzó.

Mariana pidió que la reubicarán en otra comunidad, pero las autoridades no le hicieron caso y con el desdén a cuestas, cavó su propio destino.

Son tres casos de médicos pasantes que, víctimas de la violencia, sucumbieron ante la sangrienta adversidad en los últimos 18 meses. 

Pese a esta negra realidad, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, manifestó el martes 29 de julio que no se puede cancelar la estancia de estudiantes pasantes en comunidades, pese a la violencia de la que han sido víctimas. “No es recomendable que los pasantes de medicina dejen su servicio en comunidades alejadas porque, además de ser requisito de preparación para concluir la carrera y titularse, es un servicio que deben dar a la población”.

Para referir al servicio social es necesario recordar al doctor Gustavo Baz Prada, quien en 1936, como director de la Escuela de Medicina de la UNAM, organiza la primera brigada médica para ofrecer servicios de salud a la comunidad marginada de Atlixco, Puebla. Esa primera generación iría por seis meses a lugares donde no hubiera médicos, con un maletín de diversos productos biológicos en la mano y una remuneración de 90 pesos al mes, a manera de apoyo.

Dos años más tarde, ya como Rector de la Máxima Casa de Estudios, instaura el servicio social con carácter de obligatorio para todos los pasantes de la UNAM, como una forma de corresponsabilidad hacia la sociedad.

Hoy en día, tras el asesinato de Eric, vuelve a la mesa de debates la viabilidad de mantener vigente el servicio social en la carrera de medicina, ante los graves riesgos que representa la creciente ola de violencia en México.

¿Usted, amable lector (a), qué opina?